¿Qué es la licencia social para operar?
La licencia social para operar (LSO) puede definirse como el nivel de aceptación con el que cuenta un determinado proyecto u operación empresarial. Es un concepto controvertido.
• No se trata de un documento o acuerdo formal, sino que se refiere más bien a la legitimidad, credibilidad y confianza que ofrece el proyecto y la empresa responsable del mismo a las personas afectadas, las partes interesadas y también en general a la opinión pública.
• En realidad, se trata de una respuesta de la industria minera (y otras) a la oposición que generan muchos de sus proyectos extractivos y a la vez de un mecanismo que pretende asegurar la viabilidad del sector.
• Cuanto mayores sean los impactos que supone el proyecto en cuestión, más difícil de obtener la licencia social o consentimiento de todas las personas interesadas.
Obtener la licencia social es clave para las empresas
Las empresas mineras y en general las extractivas consideran que no sólo necesitan adaptarse formalmente a las leyes y normativas, sino también asegurarse de que sus operaciones son socialmente aceptadas. Más aún, de la LSO puede incluso llegar a depender en parte que lleguen a obtener los permisos legales.
Por otra parte, la falta de LSO puede llegar a significar que las actividades de la empresa se vean obstruidas por acciones legales, manifestaciones o boicots. La reputación de la empresa está en riesgo sin LSO.
De ahí que también se hable de “responsabilidad social corporativa” (RSC), por la que las empresas se comprometen a que sus operaciones sean éticas, sostenibles y las condiciones laborales que ofrecen sean dignas.
A la hora de obtener LSO, es importante para las autoridades y las empresas saber cuáles son los conocimientos, los opiniones y temores de la población con respecto al proyecto minero, en términos sociales, ambientales, económicos y a todos los aspectos relacionados con el mismo.
En un contexto en el que ya se haya aceptado la apertura de un proyecto minero, la LSO sería la relación establecida entre una empresa y los afectados por sus operaciones, y es susceptible de transformarse en oposición al proyecto en cualquier momento en el que se produzcan cambios en el nivel de aceptación. Una empresa puede entonces perder la LSO previamente obtenida.
En general, lo recomendable sería involucrar a las comunidades locales potencialmente afectadas en los procesos de toma de decisiones, y por supuesto lo principal es que se reconozcan y respeten los derechos específicos de las personas y pueblos afectados. Incluído su derecho a decir NO a un proyecto minero determinado.
Por otra parte, para que una comunidad otorgue LSO esta tendría que tener expectativas positivas y buenas relaciones. Por las propias características de la actividad minera, sus impactos, su historia y la elevada accidentalidad, esto es muy difícil en el caso de comunidades bien informadas de los proyectos mineros y extractivos que les van a afectar. Y también es muy difícil -por qué no decirlo- que tanto las autoridades como las empresas se tomen realmente en serio el sentir de la comunidad y proporcionen la información completa y veraz. En realidad, lugar de eso y en vez de asumir el rechazo social, empresas y autoridades tratan de infantilizar o ridiculizar las opiniones de quienes se oponen a la minería, como si se estuvieran “oponiendo al progreso” siendo también frecuente el tratamiento de “radicales”.
¿Por qué? No hay más que observar la realidad de la gran mayoría de proyectos mineros para entender que sabiendo de qué se trata nadie quiere tener un proyecto minero cerca del lugar en el que habita. Pero hay más.
LICENCIA SOCIAL
La comunidad afectada es quién debería otorgar LSO.
Es difícil de medir y de cuantificar.
No es eterna, sino que está sujeta a posibles cambios de opinión dentro de la comunidad afectada.
Dos cuestiones vitales: importancia de la comunicación y falta de transparencia
Como es lógico, las comunidades afectadas quieren saber lo que va a suceder en relación con los proyectos mineros que les afectan.
Pero demasiado a menudo estos proyectos aparecen sin la debida transparencia y sin que para las comunidades afectadas sea posible acceder a información completa y confiable sobre los proyectos que les van a afectar en sus territorios.
Suele suceder que alguien escucha por primera vez acerca de un proyecto minero de manera fortuita y casual, sin que las autoridades o la empresa se molesten en informar a la población afectada lo que se les viene encima y las amenazas que supone para sus modos de vida, actividades, propiedades y medio circundante. Esto se vive como un pisoteo de derechos humanos funtamentales y del acceso a la información. Además, hay derechos específicos reconocidos para los pueblos indígenas y campesinos.
El desarrollo de vías de comunicación directas a través de redes sociales que ayudan a las comunidades afectadas por un proyecto a difundir ampliamente sus argumentos y razones han significado que, para las mineras, mantener relaciones claras con los actores locales se ha vuelto más importante que nunca.
¿En qué se basan las comunidades para no otorgar licencia social para operar?
En cuestiones bastante lógicas como:
Digan lo que digan y hagan lo que hagan, la minería no es propiamente ni podrá nunca ser sostenible, independientemente de las medidas que la empresa tome para aplacar o restaurar sus efectos.
Tampoco podrá ser ambientalmente amigable, pues los proyectos mineros significan inevitablemente la utilización de gran cantidad de agua, la producción de residuos, un elevado consumo de energía e interferencias con otras actividades productivas así como impactos significativos en la vida de las comunidades circundantes en términos de contaminación, ruidos.
La minería llega, destruye, extrae, obtiene las ganancias y se va llevándoselas consigo después de un período determinado de tiempo.
Por si fuera poco, a menudo se aprecia un nivel elevado de corrupción y oscurantismo en lo relativo a los proyectos mineros.
Aunque la minería venga envuelta en el aura de que contribuye a un futuro mejor y más sostenible en el marco de su contribución al desarrollo de otros sectores, como el de la tecnología, la digitalización o la transición energética, lo cierto es que la expectativa de ver su comunidad destruída y contaminada para siempre hace que muchas comunidades directamente afectadas rechacen de plano los proyectos mineros.
¿En qué se basan las empresas para intentar conseguir LSO?
En tratar de que las comunidades afectadas por el proyecto sientan que el proyecto también les pertenece de alguna manera.
Y que las comunidades afectadas defiendan el proyecto.
A veces negocian con algunos pocos líderes comunitarios y los convencen de otorgar su consentimiento al proyecto, y los mismos no consultan con el resto de la comunidad afectada haciendo un mal uso de su liderazgo.
Otras veces consultan con personas no afectadas directamente por el proyecto y obtienen de estas personas ajenas la LSO mediante la compra de sus voluntades.
Si ya cuentan con LSO en una operación, a menudo intentan expandirse a una operación mayor o a otras operaciones haciendo uso de la aceptación ya obtenida, sin informar y sin consultar con la comunidad sobre los cambios en el planteamiento y dimensiones del proyecto.
Por medio de estudios de diagnóstico intentan identificar las carencias o necesidades de las comunidades afectadas por su proyecto y ofrecen satisfacerlas a cambio de la LSO.
Con respecto a los ofrecimientos que las empresas extractivas pueden llegar a hacer a una comunidad se escucha de todo por ahí: lo más habitual es el ofrecimiento de puestos de trabajo en cifras más o menos exageradas según el caso, es habitual un baile de cifras bastante grande entre los empleos directos e indirectos según como vaya el nivel de aceptación del proyecto minero; un ofrecimiento también muy frecuente es el de tender carreteras y caminos, a menudo largamente esperadas por las comunidades, y que generalmente se hacen adaptadas a la necesidad que tendrá la minera de sacar de la zona todo aquello que mine. Nunca me olvidaré del llamativo caso de una empresa petrolera que ofrecía a una comunidad indígena en la Amazonía ecuatoriana literalmente “un balón de fútbol y un pito para el árbitro” entre otros ofrecimientos futbolísticos para que les dejaran entrar y hacer prospecciones en su territorio; y también he sabido de ofrecimientos de escuelas, hospitales, y hasta universidades para las comunidades. Normalmente un “hospital” termina siendo un consultorio con un médico al que se le pagarán algunas mensualidades para asistir en la comunidad, una “escuela” puede quedar en nuevo equipamiento para algunas aulas ya existentes o material escolar para los niños, y cosas así.
De más está decir que proveer salud y educación de calidad para las comunidades no debería ponerse en manos de ningún tipo de empresa con intereses en operar en el territorio, sino que esas funciones corresponden al Estado, como también defender los intereses de las comunidades afectadas y no de las mineras ni otras empresas extractivas.
Cuando aún no existe el proyecto minero ni antecedentes, más que de aceptación y LSO se trata de obligaciones, respeto a las leyes y respeto a las propias comunidades que se ven afectadas por estos proyectos.
Como así también en las manos de las comunidades tiene que estar conceder o no LSO, siendo la obligación de empresas y autoridades aceptarlo cuando el NO es rotundo y han dado su última palabra. Yno seguir intentando convencer a como dé lugar, sin respetar y hasta violentando la democracia y derechos como viene sucediendo en numerosas ocasiones.
