Organizaciones alemanas demandan con urgencia ley sobre cadena de suministro
Las empresas alemanas se encuentran presentes en todo el mundo y repetidamente están implicadas en violaciones de derechos humanos y en destrucción del medio ambiente, sin tenerse que preocupar por las consecuencias legales de sus acciones.
El gobierno alemán viene confiado hasta el día de hoy en que las empresas se adhieran voluntariamente al respeto de los derechos humanos.
Pero la realidad pinta diferente. Así, la multinacional química alemana Bayer vende en países como Brasil plaguicidas altamente tóxicos, prohibidos desde hace mucho tiempo en la Unión Europea. Y la certificadora TÜV Süd certificó la seguridad de la presa de la mina de hierro Córrego do Feijão en Brumadinho, que posteriormente cedió acabando con la vida de 270 personas, para presumiblemente no arriesgar su contrato con la minera y a pesar de que conocerían su peligrosidad.
Ninguna iniciativa voluntaria de la industria ha conseguido poner fin a las violaciones de los derechos humanos y a la destrucción del medio ambiente por parte de las empresas alemanas. Desde hace 18 años, la industria del chocolate se propone poner fin a las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, más de 2 millones de niños siguen trabajando en condiciones de explotación en el cultivo de cacao en África Occidental.
Por eso, un amplio grupo de organizaciones alemanas que incluye a las filiales alemanas de Greenpeace y de Oxfam considera que esto tiene que cambiar. Por eso se dirigen a la Canciller Merkel a través de una plataforma de reciente creación para exigir la creación de un marco jurídico que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y las normas medioambientales en todas sus actividades fuera de Alemania.
Una ley eficaz debería obligar a las empresas a analizar y prevenir los riesgos que su cadena de suministro supone para los derechos humanos e informar con transparencia sobre los mismos.
Las empresas que sean halladas responsables o cómplices de daños a personas así como al medio ambiente deberían ser responsabilizadas de sus actos. Y al mismo tiempo, las partes perjudicadas por dichas acciones dañinas también deberían poder reclamar sus derechos ante los tribunales alemanes, lo cual apenas es posible en la actualidad.
Las organizaciones esperan que de la Canciller que convierta la protección de los derechos humanos en una cuestión de los empresarios y que introduzca una ley sobre la cadena de suministro antes de que finalice su legislatura.
Una ley de cadena de suministro es factible con voluntad política
Por su parte Francia, aprobó hace dos años una ley que regula las obligaciones de diligencia debida de las grandes empresas francesas. También en los Países Bajos existe una ley desde mayo de 2019 que obliga a las empresas a prevenir el trabajo infantil en sus cadenas de suministro.
Algunas empresas también están según las organizaciones que coordinan la campaña a favor de la ley en el camino para asumir la responsabilidad corporativa . La distribuidora de café Tchibo, la automovilística Daimler o la textil KiK, por ejemplo, abogan abiertamente por regulaciones vinculantes para las empresas.
Las empresas españolas también están presentes por muchas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, pero también en países de Asia y África y a menudo actúan con idéntica impunidad.
¿Para cuando una iniciativa similar en España?
